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Ley Orgánica del Trabajo Venezuela 1997

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Este documento se refiere a la Ley Orgánica del Trabajo, Venezuela, 1997
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

GACETA OFICIAL Nº 5.152 EXT DE 19 DE JUNIO DE 1997
.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

Decreta
la siguiente,
LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO

TÍTULO I

Normas Fundamentales

Capítulo I

Disposiciones Generales


Artículo 1º

Esta Ley regirá las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del trabajo como
hecho social.

Artículo 2º

El Estado protegerá y enaltecerá el trabajo, amparará la dignidad de la persona
humana del trabajador y dictará normas para el mejor cumplimiento de su función
como factor de desarrollo, bajo la inspiración de la justicia social y de la equidad.

Artículo 3º

En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a
los trabajadores.

PARÁGRAFO ÚNICO.-
La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de
conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una

relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella
comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del
trabajo tendrá efecto de cosa juzgada.

Artículo 4º

La organización de los tribunales y el procedimiento especial del Trabajo, la
seguridad social, el régimen de las sociedades cooperativas, la creación y
funcionamiento de institutos destinados al servicio de los trabajadores, la
participación de los trabajadores en la gestión de los entes públicos y de las
empresas, y otras materias que lo requieran, podrán ser objeto de ley especial.
Las normas de procedimiento contenidas en esta Ley Orgánica podrán ser
modificadas cuando se dicte una Ley Procesal del Trabajo.

Artículo 5º

La legislación procesal, la organización de los tribunales y la jurisdicción especial
del Trabajo se orientarán por el propósito de ofrecer a los trabajadores y
patronos la solución de los conflictos sobre derechos individuales o colectivos
que surjan entre ellos, mediante una administración de justicia rápida, sencilla y
gratuita.

Los conflictos colectivos sobre intereses y los que se planteen para exigir el fiel
cumplimiento de los compromisos contraídos se tramitarán de acuerdo con lo
pautado en el Título VII de esta Ley.

Artículo 6º

Los recursos de la Seguridad Social y, en general, todas las cantidades que se
depositen en los fondos de naturaleza social, así como los que tengan carácter
forzoso en virtud de las leyes y reglamentos judiciales y administrativos, dejando
a salvo los objetivos primarios de dichos fondos, se invertirán de preferencia en
programas destinados a la construcción de viviendas que puedan adquirirse en
condiciones razonables por los trabajadores. Para la elaboración de esos
programas y su ejecución, se consultará la opinión de los organismos sindicales
superiores.
Artículo 7º

No estarán comprendidos en las dis posiciones de esta Ley los miembros de los

cuerpos armados, pero las autoridades respectivas, dentro de sus atribuciones,
establecerán, por vía reglamentaria, los beneficios de que deberá gozar el
personal que allí presta servicios, los cuales no serán inferiores a los de los
trabajadores regidos por esta Ley en cuanto sea compatible con la índole de sus
labores.
Se entenderá por cuerpos armados los que integran las Fuerzas Armadas
Nacionales, los servicios policiales y los demás que están vinculados a la defensa
y la seguridad de la nación y al mantenimiento del orden público.

Artículo 8º

Los funcionarios o empleados públicos Nacionales, Estadales o Municipales se
regirán por las normas sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o
Municipales, según sea el caso, en todo lo relativo a su ingreso, ascenso,
traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad y régimen
jurisdiccional; y gozarán de los beneficios acordados por esta Ley en todo lo no
previsto en aquellos ordenamientos.
Los funcionarios o empleados públicos que desempeñen cargos de carrera,
tendrán derecho a la negociación colectiva, a la solución pacífica de los
conflictos y a la huelga, de conformidad con lo previsto en el Título VII de esta
Ley, en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que prestan y con
las exigencias de las Administración Pública.
Los obreros al servicio de los entes públicos estarán amparados por las
disposiciones de esta Ley.

Artículo 9º

Los profesionales que presten servicios mediante una relación de trabajo tendrán
los derechos y obligaciones que determinen las respectivas leyes de ejercicio
profesional, pero estarán amparados por la legislación del Trabajo y de la
Seguridad Social en todo aquello que los favorezca.
Los honorarios correspondientes a la actividad de dichos profesionales se
considerarán satisfechos por el pago de la remuneración y demás beneficios
derivados de la relación de trabajo, salvo convenio expreso en contrario.

Artículo 10

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de aplicación territorial;
rigen a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido

en el país y en ningún caso serán renunciables ni relajables por convenios
particulares, salvo aquellos que por su propio contexto revelen el propósito del
legislador de no darles carácter imperativo. Los convenios colectivos podrán
acordar reglas favorables al trabajador que modifiquen la norma general
respetando su finalidad.

Artículo 11

Los derechos consagrados por la Constitución en materia laboral serán
amparados por los jueces de Primera Instancia de la jurisdicción del Trabajo, de
conformidad con la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales.

Artículo 12

Corresponde al Poder Público Nacional dictar normas sobre el trabajo. Los
Estados y los Municipios no podrán dictar leyes, ordenanzas ni previsión alguna
sobre esta materia. Quedan a salvo las disposiciones que dichas Entidades dicten
para favorecer a los trabajadores que presten servicio bajo su dependencia,
dentro de las normas pautadas por la legislación laboral.

Artículo 13

El Ejecutivo Nacional tendrá las más amplias facultades para reglamentar las
disposiciones legales en materia de trabajo, y a tal efecto podrá dictar Decretos o
Resoluciones especiales y limitar su alcance a determinada región o actividad del
país.

Parágrafo Único:
Cuando el interés público y la urgencia así lo requieran,
el Ejecutivo Nacional, por Decreto del Presidente de la República en Consejo de
Ministros, podrá establecer cláusulas irrenunciables en beneficio de los
trabajadores y de la economía nacional que se considerarán integrantes del
contrato de trabajo.



Artículo 14

Estarán exentos de los impuestos de timbres fiscales y de cualquier otra

contribución fiscal, todos los actos jurídicos, solicitudes y actuaciones que se
dirijan a los funcionarios administrativos o judiciales del Trabajo o se celebren
ante ellos. Los servicios de estos funcionarios serán gratuitos para trabajadores y
patronos, salvo disposición especial.

Artículo 15

Estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley todas las empresas,
establecimientos, explotaciones y faenas, sean de carácter público o privado,
existentes o que se establezcan en el territorio de la República, y en general, toda
prestación de servicios personales donde haya patronos y trabajadores, sea cual
fuere la forma que adopte, salvo las excepciones expresamente establecidas por
esta Ley.

Artículo 16

Para los fines de la legislación del Trabajo se entiende por empresa la unidad de
producción de bienes o de servicios constituida para realizar una actividad
económica con fines de lucro.
Se entiende por establecimiento, la reunión de medios materiales y de un
personal permanente que trabaja, en general, en un mismo lugar, en una misma
tarea, y que está sometido a una dirección técnica común, tenga o no fines de
lucro.
Se entiende por explotación, toda combinación de factores de la producción sin
personería jurídica propia ni organización permanente, que busca satisfacer
necesidades y cuyas operaciones se refieren a un mismo centro de actividad
económica.
Se entiende por faena, toda actividad que envuelva la prestación del trabajo en
cualesquiera condiciones.

Artículo 17

El Ministerio del ramo podrá solicitar los datos que considere necesarios para la
apreciación de las condiciones y modalidades de aplicación de esta Ley y de su
reglamentación, y , cuando fuere el caso, adoptará las medidas necesarias para
corregir las irregularidades que pudieran existir.
Los funcionarios no podrán revelar ningún secreto de manufactura,
procedimiento, fabricación o situación económica de que tengan conocimiento
con ocasión de sus funciones.


Artículo 18

Para la mayor eficacia de esta Ley, las autoridades tomarán las medidas que les
soliciten los funcionarios del Trabajo en el cumplimiento de sus deberes y dentro
de sus atribuciones.

Artículo 19

Las ordeñes, instrucciones y, en general, todas las disposiciones que se
comuniquen a los trabajadores, se harán en idioma castellano.

Artículo 20

Los jefes de relaciones industriales, jefes de personal, capitanes de buques o
aeronaves, capataces o quienes ejerzan funciones análogas, deberán ser
venezolanos.

Artículo 21

Cuando por disposición de esta u otras leyes o reglamentos deba oírse la opinión
del sector patronal, se incluirá en ésta la de una representación calificada de la
pequeña y mediana empresa.
El Ejecutivo Nacional, oída la opinión del Consejo de Economía Nacional, podrá
modificar las cantidades fijadas como límite de capital para que una empresa sea
favorecida con el trato especial que se dará a las pequeñas y medianas empresas,
en función del valor real de la moneda y de las condiciones de la economía en
general.

Artículo 22

Los Decretos que dicte el Ejecutivo Nacional de conformidad con lo previsto en
los artículos 13 y 138 de esta Ley, deberán someterse a la consideración de las
Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada, dentro de los cinco (5)
días siguientes a su publicación.
Las Cámaras en sesión conjunta o la Comisión Delegada, según sea el caso,
decidirán la ratificación o suspensión de los Decretos dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de recepción.
Parágrafo Primero:
En caso de pronunciarse por la suspensión, el Congreso

o la Comisión Delegada, según sea el caso, podrá recomendar al Ejecutivo
Nacional la elaboración de un Decreto modificado.
Parágrafo Segundo:
Si transcurrido el lapso indicado, las Cámaras en sesión
conjunta o la Comisión Delegada, según sea el caso, no se hubieren pronunciado
sobre la decisión sometida a su consideración, ésta se considerará ratificada.

Capítulo II

Del Deber de Trabajar y del Derecho al Trabajo


Artículo 23

Toda persona apta tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y
posibilidades, para asegurar su subsistencia y en beneficio de la comunidad.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al trabajo. El Estado procurará que toda persona
apta pueda encontrar colocación que le proporcione una subsistencia digna y
decorosa.

Artículo 25

El Estado se esforzará por crear y favorecer condiciones propicias para elevar en
todo lo posible el nivel de empleo. Las empresas, explotaciones o
establecimientos que en proporción a su capital generen mayor número de
oportunidades estables y bien remuneradas de trabajo serán objeto de protección
especial por parte de los organismos crediticios del sector público y se tendrán
en consideración en las políticas fiscales, económicas y administrativas del
Estado.

Artículo 26

Se prohibe toda discriminación en las condiciones de trabajo basada en edad,
sexo, raza, estado civil, credo religioso, filiación política o condición social. Los
infractores serán penados de conformidad con las leyes. No se considerarán
discriminatorias las disposiciones especiales dictadas para proteger la maternidad
y la familia, ni las encaminadas a la protección de menores, ancianos y

minusválidos.
Parágrafo Primero:
En las ofertas de trabajo no se podrán incluir menciones
que contraríen lo dispuesto en este artículo.
Parágrafo Segundo: Nadie podrá ser objeto de discriminación en su derecho
al trabajo por sus antecedentes penales. El Estado procurará establecer servicios
que propendan a la rehabilitación del ex recluso.

Artículo 27

El noventa por ciento (90%) por lo menos, tanto de los empleados como de los
obreros al servicio de un patrono que ocupe diez (10) trabajadores o más, debe
ser venezolano. Además, las remuneraciones del personal extranjero, tanto de los
obreros como de los empleados, no excederá del veinte por ciento (20%) del
total de remuneraciones pagado a los trabajadores de una u otra categoría.

Artículo 28

El Ministerio del ramo, previo estudio de las condiciones generales de la oferta de
mano de obra y de las circunstancias del caso concreto, podrá autorizar
excepciones temporales a lo dispuesto en el artículo anterior, en los casos y con
los requisitos siguientes:

a) Cuando se trate de actividades que requieran conocimientos técnicos
especiales y no exista personal venezolano disponible. La autorización, de ser
posible, se condicionará a que el patrono, dentro del plazo que se le señale,
prepare personal venezolano;
b) Cuando exista demanda de mano de obra y el respectivo organismo del
Ministerio del ramo compruebe no poder satisfacerla con personal
venezolano;
c) Cuando se trate de inmigrantes que ingresen al país contratados directamente
por el Gobierno Nacional o controlados por éste. En este caso el porcentaje
autorizado y el plazo de la autorización se fijarán por resolución del Ministerio
del ramo;
d) Cuando se trate de refugiados; y
e) Cuando se trate de pequeñas y medianas empresas.


Artículo 29


Las empresas, explotaciones y establecimientos, públicos o privados, en la
contratación de sus trabajadores, están obligados, en igualdad de circunstancias,
a dar preferencia a los jefes de familia de uno u otro sexo, hasta un setenta y
cinco por ciento (75%) de los trabajadores.

Artículo 30

Cuando se contrate personal extranjero se preferirá a quienes tengan hijos
nacidos en el territorio nacional, o sean casados con venezolanos, o hayan
establecido su domicilio en el país, o tengan más tiempo residenciados en él.


Capítulo III

De la Libertad de Trabajo

Artículo 31

Toda persona es libre para dedicarse al ejercicio de cualquier actividad que no
esté prohibida por la Ley.

Artículo 32

Nadie podrá impedir el trabajo a los demás ni obligarlos a trabajar contra su
voluntad.
PARÁGRAFO ÚNICO: Solamente cuando se vulneren los derechos de
terceros o se ofendan los de la sociedad, podrá impedirse el trabajo mediante
resolución de la autoridad competente dictada conforme a la Ley.



Artículo 33

De conformidad con lo establecido en el artículo anterior, el Ministerio del ramo,
mediante resolución motivada, podrá impedir:
a) La sustitución, en contravención a lo dispuesto en el artículo 506 de esta Ley,
de un trabajador que participe en un conflicto tramitado de acuerdo a las
formalidades del Título VII;
b) La sustitución definitiva, en contravención a lo dispuesto en el artículo 584 de

esta Ley, de un trabajador que haya sufrido un riesgo profesional;
c) La sustitución de un trabajador que goce de protección especial del Estado,
sin haberse cumplido con las formalidades del artículo 453 de esta Ley;
d) La sustitución definitiva de un trabajador que haya estado separado de sus
labores por causas de enfermedad no profesional, antes de cumplirse el
período de reposo que se le hubiere ordenado de conformidad con la Ley; y
e) El despido masivo de trabajadores, de conformidad con el artículo siguiente.

Artículo 34

El despido se considerará masivo cuando afecte a un número igual o mayor al
diez por ciento (10%) de los trabajadores de una empresa que tenga más de cien
(100) trabajadores, o al veinte por ciento (20%) de una empresa que tenga más de
cincuenta (50) trabajadores, o a diez (10) trabajadores de la que tenga menos de
cincuenta (50) dentro de un lapso de tres (3) meses, o aun mayor si las
circunstancias le dieren carácter crítico.
Cuando se realice un despido masivo, el Ministerio del ramo podrá, por razones
de interés social, suspenderlo mediante resolución especial. El patrono podrá
ocurrir al procedimiento pautado en el Capítulo III del Título VII de esta Ley.
Si para la reducción de personal se invocaren circunstancias económicas, o de
progreso o modificaciones tecnológicas, el procedimiento conflictivo, en caso de
no llegarse a acuerdo entre las partes, se someterá a arbitraje.
De la solicitud del patrono se notificará al sindicato al que estén afiliados los
trabajadores involucrados, o en ausencia del sindicato, a los trabajadores
mismos.
Los alegatos de reducción de personal no procederán cuando la solicitud se haga
en un momento en que los trabajadores de la empresa estén ejerciendo sus
derechos de organización y contratación colectiva.

Artículo 35

A nadie se coartará la libertad de ejercer el comercio en los centros de trabajo, a
menos que esta libertad resulte contraria a los intereses de la colectividad o a los
de los trabajadores, a juicio del Ministerio del ramo; ni se cobrará por dicho
ejercicio otras contribuciones o impuestos que los fijados por la Ley.

Artículo 36

A nadie se impedirá el libre tránsito por carreteras o caminos que conduzcan a

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